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¡No a la intevención de la OEA!

¡No a la intevención de la OEA! El martes 30 de junio, día del natalicio del prócer Juan Bosch, el canciller de la República, Andrés Navarro, aplaudía y daba su aquiescencia, en representación del Estado Dominicano, a que una misión de la OEA viniera al país supuestamente a supervisar las repatriaciones de ilegales haitianos que han anunciado el Ministro de Interior y Policía y el Director de Migración que iniciarán hoy lunes, 6 de julio.

El pueblo dominicano debe rechazar de manera categórica la intervención de OEA en lo que es una potestad soberana del país, como es el régimen de nacionalidad, de la regulación de la migración y las repatriaciones de ilegales en su territorio.
La Constitución de la República, en su artículo 3, establece lo siguiente: “Artículo 3.- Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.”
Igualmente, la carta orgánica de la OEA establece de manera categórica y expresa el principio de la no intervención e injerencia en asuntos inmanentes a la soberanía interna de cada Estado miembro. El canciller Andrés Navarro no podía comprometer al país en lo que es una vulneración clara de sus derechos como nación libre y soberana.
Independientemente de los aspectos jurídicos que hemos señalado, la OEA ha demostrado prejuicio absoluto en contra de la República Dominicana.  El pasado jueves 2 de julio, en un reportaje de CNN transmitido por Telenoticias, el secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, de forma prepotente y arrogante, dictaminó que era imprescindible parar las repatriaciones de ilegales hacia Haití, incluyendo las vueltas voluntarias de sus ciudadanos que se han estado presentando en los últimos días.
La OEA no interviene en las deportaciones de haitianos ilegales en Las Bahamas; ni en Estados Unidos; ni en Canadá; ni en Brasil; ni en ningún país de América.  ¿Por qué la República Dominicana tiene que admitir que ese organismo, en el momento de su mayor descrédito internacional, venga a tutelar un derecho soberano del Estado dominicano?
La misión de la OEA que viene a República Dominicana tiene como objetivo internacionalizar una disputa sobre el tema migratorio interno de República Dominicana con Haití, bajo la alegación falsa de que el mismo se trata de un tema de derechos humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un organismo de la OEA. Todo el mundo sabe qué dijo el fallo de la Corte del año pasado.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Costa Rica ordenó desconocer, no sólo el Fallo 168-13 del Tribunal Constitucional, sino que llegó al atrevimiento de solicitarle a la República Dominicana cambiar su Constitución y ordenamiento jurídico interno para otorgarle la nacionalidad dominicana a todos los haitianos nacidos en territorio dominicano, de padres en situación migratoria irregular.
El fallo de la CIDH coincidió con el pedido del Jefe de la ONU, Ban Ki-moon al presidente Danilo Medina en Panamá, para que éste autorizara, a nombre del Estado Dominicano que se le otorgue la nacionalidad dominicana a más de un millón de haitianos residentes ilegales, alegando haber nacido en el territorio dominicano.
La disputa que viene con Haití con el tema de las anunciadas repatriaciones es, precisamente, el argumento expuesto por su presidente Michell Martelly, en el sentido de que no va a recibir a supuestos dominicanos que sean deportados o repatriados. Martelly y los haitianos van a usar el fallo de la Corte Interamericana para alegar que esos ciudadanos haitianos nacidos en República Dominicana no son sus ciudadanos, conforme a esa infame decisión de la CIDH.
El canciller de la República, Andrés Navarro, y el viceministro de la Presidencia, Luis Henry Molina, saben perfectamente que la mal llamada supervisión de la OEA va a ser usada para enarbolar y exigir a la República el respeto a la decisión de la Corte Interamericana, bajo el alegato de que el Estado Dominicano no ha denunciado la Convención Interamericana y que la decisión del TC que dictaminó la no aceptación de competencia del Estado a la CIDH, no le es oponible para desconocer la efectividad de sus decisiones.
Nuestro partido, la FNP, ha rechazado esta nueva intervención nefasta de la OEA, violatoria de nuestra soberanía. A diferencia del ‘65, en la que vino con los fusiles del ejército más poderoso del mundo para impedir la vuelta a la constitucionalidad encarnada por el prócer Juan Bosch, hoy lo hacen con el interés de aniquilar nuestra Constitución y ordenamiento jurídico vigente para aniquilar nuestra soberanía y el derecho a decidir libérrimamente, como todos los estados del mundo, quién es y quién no es nacional de la República Dominicana.
Es hora de unidad nacional. Sin importar diferencias políticas o personales. Culmino este artículo con esta frase del fundador de la República: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.

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